ESPAÑA NO TIENE DINERO PARA PAGAR A RUMASA

Dentro de un mes se cumplirán 27 años de la expropiación de Rumasa por el Gobierno de Felipe González. Por primera vez en esta larga historia se vislumbra un desenlace con importantes consecuencias económicas: el Estado se verá abocado a satisfacer el valor legal de lo que expropió el 23 de febrero de 1983. La familia Ruiz-Mateos ha pedido a la Justicia que acepte una nueva valoración de sus sociedades que podría llegar a 18.000 millones de euros, casi el 1,5% del PIB. La Abogacía del Estado cree que esa iniciativa es legítima, pero no prosperará.

La resolución se conocerá en semanas. Así lo espera la familia Ruiz-Mateos, lo barrunta una pléyade de abogados, lo intuyen en el Gobierno y, sobre todo, lo presienten bancos y fondos de inversión. En el último año se han multiplicado los intermediarios que se acercan a los Ruiz-Mateos para plantearles negocios en torno a los derechos económicos de la expropiación. "Esto no había ocurrido nunca antes", comenta una fuente cercana a la familia.

Rumasa, según su fundador, José María Ruiz-Mateos, contaba en 1983 con 65.000 empleados, más de 700 empresas y un volumen de negocio de 350.000 millones de pesetas de entonces. El 'holding' representaba entre el 1,5 y el 2% del PIB español.
Fue intervenida el 23 de febrero de 1983 en una operación a la que alguien le impuso características militares. En lugar de intervenir el 'holding' e ir desmontando una por una sus partes, tomaron el control inmediato de todas las sociedades y expropiaron directamente las acciones de cada una de ellas.

La consecuencia de esta decisión fue que el Jurado de Expropiación de Madrid en lugar de tramitar un solo justiprecio (valor de tasación) para todo el 'holding' (donde se hubieran compensado beneficios con pérdidas) tuvo que tramitar tantos justiprecios como sociedades había. Los representantes del Estado, confiados en que o no había nada que pagar o podrían compensar las cantidades positivas y negativas, no dieron ni un euro (o peseta) a los Ruiz-Mateos y tampoco consignaron esas cantidades en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda como manda la ley.

El 30 de diciembre de 2004, tras analizar una sentencia del Tribunal Supremo sobre los justiprecios de Rumasa, el abogado burgalés Juan Manuel García-Gallardo descubrió un filón: se dio cuenta de que en todos estos años no se había pagado a los Ruiz-Mateos ni se había reservado cantidad alguna para hacerlo, por lo que cabía la posibilidad, según el artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, de pedir la retasación de los bienes.

La familia Ruiz-Mateos mostró el dictamen de García-Gallardo a sus letrados, a abogados del Estado y a catedráticos, y todos coincidieron en que pedir una nueva valoración era procedente. Por fin, después de un año, los Ruiz-Mateos se decidieron a actuar y el 23 de febrero de 2006 solicitaron la primera retasación, la de la finca La Almoraima, una propiedad que José María Ruiz-Mateos considera emblemática y que compró originalmente por 600 millones de pesetas (16.000 hectáreas en la sierra de Cádiz, valorada actualmente en 309,6 millones de euros, 51.000 millones de pesetas).

El 26 de diciembre de 2008, la policía permitió el paso de una furgoneta hasta la entrada misma de la Dirección General de Patrimonio en la calle de Alcalá de Madrid. Los bedeles sacaron una montaña de documentos del vehículo: eran 182 retasaciones que el abogado García-Gallardo solicitaba añadir a otras 18 tasaciones parciales que había ido presentando ante los tribunales desde 2006. En total, las nuevas valoraciones ascienden a 14.500 millones de euros, pero la cantidad se podría incrementar hasta 18.000 millones porque hay sociedades que no han sido tasadas ya que los títulos de propiedad se los incautó el Estado. Entre las sociedades retasadas están, por ejemplo, Galerías Preciados (con un valor actual de 4.821 millones de euros) o el Banco Atlántico (unos 342 millones).

García-Gallardo estima que antes de seis meses la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallará el primer caso que será el de Galerías Preciados. Calcula que antes de dos años se resolverán los demás.
Pero el mejor indicio de que el fin del caso Rumasa está cerca lo demuestra el hecho de que los grandes cazadores han olfateado la presa y ya hay un "concurso de ideas" entre los intermediarios financieros para hacer negocios con los Ruiz-Mateos. En noviembre, la familia confirmó que había recibido ofertas de cuatro fondos de inversión, uno de ellos un fondo soberano de un emirato árabe, que querían comprarles los derechos económicos de la expropiación.
Si un segmento importante del mercado apuesta porque el Estado tendrá que pagar, ¿qué hará el Gobierno cuando tenga que desembolsar entre el 1% y el 1,5% del PIB? ¿Acumular más déficit? ¿Endeudarse? ¿Convertir un problema en una oportunidad? Ya hay altos funcionarios del Estado que han recibido el encargo de ocuparse de este asunto y buscar soluciones.

Pese al secretismo de los Ruiz-Mateos –una costumbre que fue invocada entre las causas de la expropiación de Rumasa–, ya han hecho saber que están dispuestos a una quita de hasta el 50% y que todo lo que ingresen lo destinarán a inversiones productivas en España. El empresario y sus hijos han demostrado su capacidad de gestión creando Nueva Rumasa, un grupo empresarial que da trabajo a 10.000 personas y que está valorado en unos 3.000 millones de euros.
Una persona que lo ha visitado recientemente en su casa de Somosaguas describió a José María Ruiz-Mateos, de 78 años, como "un hombre sin rencor". Afirman que incluso se declara admirador del presidente del Gobierno en dos cuestiones donde piensa que Zapatero ha dado la talla: la protección de los trabajadores y su política de inmigración. Ruiz-Mateos sigue siendo muy religioso y dice a todo el mundo que la crisis "no tienen por qué pagarla los más débiles".
De revanchas ya no quiere oír. Su renacimiento empresarial lo ha reivindicado en el campo de la gestión después de años disfrazándose de Supermán, acosando a Miguel Boyer o alentando candidaturas antisistema.
Desafiando la falta de crédito bancario ha captado dinero directamente del mercado con emisiones que la CNMV ha considerado polémicas. Con el dinero ha comprado hoteles y nuevas empresas. Ha disputado con el órgano regulador por su intención de adquirir la arrocera SOS. Pero no ha despedido a nadie ni ha cerrado fábricas. La hiperactiva Nueva Rumasa todavía ha sido más visible por la parálisis de otros sectores que se consideraban mejor preparados para esta crisis.